Seguimos abordando uno de los temas centrales de la agenda internacional: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Luego de la satisfacción que generó el sábado pasado la firma del Acuerdo en Asunción—tras la aprobación del Consejo Europeo—, en las últimas horas apareció una señal de cautela: el Parlamento Europeo decidió poner un freno al proceso.
Para analizar esta situación desde la mirada del sector agropecuario, en Valor Agro Radio por LT 7, dialogamos con Nelson Illescas, director de Contenidos y Comunicación del Grupo de Productores del Sur, quien brindó un análisis profundo sobre el alcance de esta decisión y sus posibles consecuencias.
Illescas reconoció que, con el diario del lunes, el movimiento del Parlamento Europeo puede considerarse “esperable”, aunque admitió que sorprendió por el contexto: más de 25 años de negociaciones, un texto conocido y consensuado, y múltiples instancias políticas ya superadas.
En concreto, explicó que el Parlamento solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si el acuerdo es compatible con los tratados fundacionales del bloque.
Según el especialista, este pedido puede interpretarse como una maniobra dilatoria, ya que el Parlamento se niega a ratificar el acuerdo hasta contar con el fallo del Tribunal, un proceso que podría demorar entre 18 y 24 meses. “En la práctica, esto retrasa o incluso congela la entrada en vigor del acuerdo”, señaló.
Frente a este escenario, la Comisión Europea —que fue quien llevó adelante la negociación y firmó el tratado— plantea una alternativa: una aplicación provisional y parcial, enfocada principalmente en el pilar comercial, el más relevante para el sector agropecuario, ya que contempla la eliminación o reducción de aranceles. Cabe recordar que el acuerdo tiene tres ejes: comercio, cooperación y diálogo político.
Salvaguardas y productos sensibles
Uno de los puntos que más inquietud genera en el agro es el régimen de salvaguardas. Illescas explicó que el texto del acuerdo contempla este mecanismo como una herramienta de defensa comercial para proteger producciones locales frente a un aumento significativo de importaciones.
Sin embargo, aclaró que la reglamentación que está preparando la Unión Europea es una norma de derecho interno, que va más allá de lo pactado en el tratado.
En ese borrador, la Comisión identifica más de 20 productos considerados sensibles, entre ellos distintas carnes (fresca, enfriada y congelada), carne aviar y lácteos, muchos de los cuales ya están sujetos a cuotas de importación.
Lo novedoso —y polémico— es que las salvaguardas se aplicarían dentro de las propias cuotas, algo poco habitual en el comercio internacional. Además, a diferencia de otros esquemas, no serían los productores afectados quienes inicien las denuncias, sino que la propia Comisión Europea podría actuar de oficio, monitoreando el comercio e impulsando investigaciones.
“Esto genera ruido e incertidumbre, porque la cuota ya limita el acceso y, encima, se agrega la posibilidad de una salvaguarda adicional”, advirtió Illescas, quien también recordó que cualquier medida deberá ser compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que siguen plenamente vigentes.
Deforestación y previsibilidad regulatoria
Otro eje clave es el reglamento europeo 1115/23 sobre deforestación, que exige una trazabilidad casi total de los productos que ingresan al mercado europeo. Illescas señaló que este reglamento ha sido postergado en varias oportunidades, lo que refleja las dificultades prácticas de su implementación, especialmente en commodities.
Aclaró que el reglamento corre en paralelo al acuerdo Mercosur–UE: el tratado no lo elimina ni lo invalida. No obstante, reconoció que ha tenido impacto en las negociaciones, ya que se inscribe dentro del Pacto Verde Europeo, lanzado tras el cierre inicial del acuerdo y que obligó a incorporar mayores compromisos ambientales.
“Es parte de una estrategia más amplia de la Unión Europea que hoy genera tensiones tanto hacia adentro como hacia afuera del bloque”, explicó, y advirtió que, aunque compleja, su eventual aplicación no debe ser subestimada por los países del Mercosur.
Un proceso abierto
El acuerdo Mercosur–Unión Europea atraviesa, así, una etapa de definiciones clave.
Mientras el Parlamento Europeo dilata la ratificación, la Comisión busca alternativas para que al menos el capítulo comercial comience a regir. En el medio, el sector agropecuario sigue de cerca la evolución de las salvaguardas, las cuotas y las exigencias ambientales, que serán determinantes para medir el verdadero impacto del tratado.
El tema, sin dudas, seguirá dando que hablar.