El brutal asesinato de un productor agropecuario en La Cruz volvió a poner en agenda la problemática de la inseguridad en zonas rurales. El hecho, ocurrido durante un robo en una estancia, dejó como saldo la muerte de un hombre de 75 años, de nombre Pitoy Díaz y generó un fuerte repudio de entidades del sector.

En diálogo con Valor Agro en Equipo de Mañana por LT 7, María Martha Batalla, representante de Corrientes en el Foro de Seguridad Rural e integrante de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, expresó la profunda preocupación del sector.

“Es un hecho de extrema gravedad que enluta a toda la familia rural”, señaló Batalla, quien explicó que la información disponible hasta el momento es la de público conocimiento, ya que la causa sigue su curso judicial.

Un delito que no se considera rural

Uno de los puntos que genera mayor controversia es que el caso fue caratulado como homicidio en ocasión de robo, lo que lo deja fuera del ámbito de actuación de la policía rural.

“Como este caso fue un asesinato, no corresponde al ámbito de la policía rural. Interviene la comisaría local y la justicia común”, explicó.

En ese sentido, detalló que los delitos rurales, según la normativa vigente, están vinculados principalmente al abigeato, robo de insumos o vandalismo, pero no contemplan hechos contra las personas.

Reclamo por fiscalías rurales y más recursos

Batalla remarcó que desde hace años las entidades vienen solicitando la creación y puesta en funcionamiento de fiscalías rurales especializadas.

“Seguimos una lucha a largo plazo que es la Fiscalía Rural. En este momento hay cargos en concurso, pero todavía faltan estructuras por completar”, indicó.

Además, subrayó las dificultades operativas que enfrenta la policía en zonas rurales:

“Hay una gran falta de recursos. El personal muchas veces no tiene conectividad, tiene que subirse a un molino o trasladarse varios kilómetros para poder comunicarse”.

Un problema que atraviesa al país

La referente también advirtió que la inseguridad rural no es un fenómeno aislado de Corrientes, sino que afecta a múltiples provincias productivas.

“Es una problemática común en todo el país. Algunas provincias están más afectadas que otras, pero nos atraviesa a todos por igual”, sostuvo.

Debate pendiente

El caso reabre el debate sobre la necesidad de adaptar el marco legal a las particularidades del ámbito rural, donde los delitos presentan características distintas a las de los centros urbanos.

Mientras la investigación avanza, el sector agropecuario insiste en que hechos como este evidencian la urgencia de contar con mayor presencia del Estado, recursos y una legislación acorde a la realidad del campo.