El diputado nacional por Córdoba Oscar Agost Carreño presentó denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo por presunta maniobra fraudulenta en el marco de la resolución y posterior finalización de la eliminación de las retenciones para los granos.
En el texto de la denuncia afirma: “Que vengo a promover denuncia penal contra los funcionarios intervinientes en el dictado y ejecución del Decreto N° 682/2025, por la posible comisión de delitos en perjuicio de la Administración Pública Nacional y de los productores agropecuarios argentinos, todo conforme a lo previsto en los arts. 173 inc. 7°, 174 inc. 5°, 248 y concordantes del Código Penal de la Nación, o la calificación que prudentemente entienda el Señor Fiscal”.
En lo medular del texto, señala “El periodismo expuso que el plan fue ideado por el Ministro de Economía Luis Caputo, luego de recibir una contrapropuesta de los exportadores. Según se reconstruyó, hubo acuerdos previos y confidenciales con las cerealeras, y el propio ministro instruyó a los empresarios con la orden “Aceleren que hay que terminarlo”, lo que podría incluso ser catalogado como un acto de información privilegiada en violación del art. 157 del Código Penal».
En diálogo con Valor Agro Argentina, el legislador electo por el PRO y ahora en Encuentro Federal, relató que “el viernes pasado promoví en la justicia federal una denuncia penal a los efectos de que se haga una investigación preliminar para determinar si hubo algún tipo de delito con la medida que se benefició a ciertas cerealeras del puerto y algunos con accionistas extranjeros cuando se suspendieron a cero las retenciones a los productos agropecuarios y las carnes”.
En esa línea, apuntó que “Las personas productoras de todo el país no han visto ese beneficio solamente se han beneficiado seis empresas por lo que podría haber un resultado fiscal de pérdida de ingresos de 1.500 millones de dólares al mismo tiempo perjuicio a los productores del campo y posiblemente intercambio de información privilegiada con estas cerealeras lo que podría determinar algún tipo de ilícito penal”.
Para Carreño “Aquí lo importante por otro lado es determinar las responsabilidades de los funcionarios porque se constató que no tendrían los granos en su poder estas cerealeras lo que podría incurrir en una violación normativa”
Denuncia penal completa
FORMULA DENUNCIA PENAL
Señor Fiscal Federal de Turno:
OSCAR AGOST CARREÑO, Diputado de la Nación Argentina por Córdoba, DNI 31.201.071, con domicilio en Pedro Simon Laplace 5520, 2do piso, depto A, Córdoba, constituyendo domicilio en mi público despacho y electrónico en 20312010713, me presento y digo:
OBJETO Que vengo a promover denuncia penal contra los funcionarios intervinientes en el dictado y ejecución del Decreto N° 682/2025, por la posible comisión de delitos en perjuicio de la Administración Pública Nacional y de los productores agropecuarios argentinos, todo conforme a lo previsto en los arts. 173 inc. 7°, 174 inc. 5°, 248 y concordantes del Código Penal de la Nación, o la calificación que prudentemente entienda el Señor Fiscal.
HECHOS
El día 22 de septiembre de 2025, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en un contexto de extrema fragilidad política y financiera, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 682/2025, mediante el cual se eliminaron transitoriamente los derechos de exportación (retenciones) sobre granos y subproductos, hasta el 31 de octubre o hasta alcanzarse un cupo de U$S 7.000 millones.
En apenas 72 horas, el cupo quedó agotado, lo que reveló que un reducido grupo de grandes cerealeras y exportadoras había logrado inscribir operaciones millonarias en tiempo récord, mientras que la mayoría de los productores quedaron excluidos de la ventana de excepción.
Diversas entidades rurales denunciaron que varias empresas declararon exportaciones sin contar con la tenencia física de los granos, lo que violaría la normativa vigente, que exige la existencia efectiva de la mercadería. El propio titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, admitió públicamente esta circunstancia. En efecto, la Ley N° 26.351 y demás normas aduaneras obligan a los exportadores a acreditar la existencia física de los bienes.
El periodismo expuso que el plan fue ideado por el Ministro de Economía Luis Caputo, luego de recibir una contrapropuesta de los exportadores. Según se reconstruyó, hubo acuerdos previos y confidenciales con las cerealeras, y el propio ministro instruyó a los empresarios con la orden “Aceleren que hay que terminarlo”, lo que podría incluso ser catalogado como un acto de información privilegiada en violación del art. 157 del Código Penal.
Como resultado, el Estado Nacional resignó aproximadamente U$S 1.500 millones en recursos fiscales, equivalente a una quita del 9% en la recaudación de septiembre, en beneficio de unas pocas empresas privadas, y dejando de lado a los productores agropecuarios que tomaron el riesgo, hicieron la inversión, la siembra y la cosecha de los granos bajo un esquema de retenciones que se “suspendió” unos días beneficiando a unas pocas cerealeras. Repare en que ese mismo día el Gobierno nacional había dictado el Decreto N° 681/2025 por el que dispuso promulgar y a la vez suspender la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad (Ley N° 27.793) que había sido vetada y luego insistida con éxito por el Congreso Nacional. En los fundamentos de dicha norma el Gobierno manifiesta que la no aplicación se relacionaba con la falta de expresión de origen de los recursos y que ello atentaba contra el “Deficit Cero” promovido por el Gobierno.
En los hechos, la operatoria que se denuncia pudo significar un pago adelantado con descuento usurario, asegurando divisas de corto plazo a costa de un perjuicio fiscal grave y arbitrario, daño que se extiende en sobremanera a los productores agropecuarios, y realizado al mismo tiempo que se decidió no aplicar una ley vigente sobre discapacidad “que rompería el déficit cero” pretendido por el mismo Gobierno.
De la reconstrucción pública surge que los funcionarios denunciados habrían actuado con conocimiento y voluntad de beneficiar a un grupo específico de compañías exportadoras, apartándose de sus deberes como administradores del patrimonio estatal.
En definitiva, con esta presentación no se pretende judicializar la política económica y aduanera del Gobierno, sino por el contrario lo que se pide es una investigación preliminar ante la posibilidad de que existieran ilícitos penales en una extraña maniobra de generación de divisas que generó objetivamente un perjuicio fiscal, benefició a determinados grandes empresarios y perjudicó al mismo tiempo a los productores agropecuarios argentinos que ya habían liquidado sus granos con retenciones vigentes y por ende con una rentabilidad mucho menor.
DERECHO
Art. 173 inc. 7° CP: administración fraudulenta, aplicable a quienes, teniendo a su cargo el manejo de bienes o intereses ajenos (en este caso, el patrimonio público), lesionan esos intereses con ánimo de lucro indebido. ● Art. 174 inc. 5° CP: defraudación en perjuicio de la administración pública.
Art. 248 CP: incumplimiento de deberes de funcionario público, por dictar resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley.
Art. 157 CP: violación de secretos, en cuanto se reveló a privados información reservada de inminente aplicación normativa, generando un beneficio económico indebido.
PRUEBA Se sugieren medidas probatorias:
Se requieran informes oficiales de ARCA sobre las declaraciones juradas presentadas durante el período de vigencia del decreto, y sobre si las existencias físicas demostradas.
Se requieran al ARCA las declaraciones juradas de exportación por empresa, con detalle de fechas y volúmenes.
Se requiera al Poder Ejecutivo Nacional la remisión del expediente administrativo que motivó el dictado del decreto, lo que es prueba clave.
Se ordenen pericias contables para determinar el monto fiscal efectivamente resignado.
Requerimiento a la UIF y BCRA para rastrear movimientos financieros vinculados a las cerealeras beneficiadas.
PETITORIO Por lo expuesto, solicito:
Se tenga por formulada la presente denuncia.
Se dé inicio a la investigación preliminar, librando las medidas de prueba sugeridas.
Se identifique a los funcionarios responsables de la maniobra.
Oportunamente, se promueva acción penal por los delitos mencionados, de corresponder