Por Ing Agr Elbio Néstor Laucirica. Vicepresidente de CAA. Ex presidente de Coninagro. Especial para Valor Agro Argentina

En la campaña 2022/23 sufrimos diversas inclemencias climáticas con devastadores efectos en la producción y en el ingreso de divisas al país, afectando no solo las economías del productor y de los pueblos del interior, sino que también repercutió en las finanzas nacionales.

Algo parecido pasó en 2018, en 2013 y en 2008/09, y sin mencionar las inundaciones de 1980 y el daño de la chicharrita del año pasado.

En esta campaña, a la sequía se suma una ola de calor que daña los cultivos con sus efectos en los rindes.

Hoy, es muy difícil de adelantar estimación de daños, aunque algunos ya indicarían una pérdida entre un 8 al 9 % en el maíz, que ya registraba una baja superficie de siembra por el tema de la chicharrita.

Para estos casos, la legislación vigente prevé insuficientes ayudas para aliviar los daños por Emergencia y Desastre Agropecuario, como prorrogas impositivas, créditos bonificados, que muchas veces se pierden en la burocracia y reglamentaciones que no agilizan las gestiones, y muchos productores no encuentran resueltos sus problemas. Con el efecto que esto tiene en las economías locales, donde cada campaña es movilizadora de la actividad comercial y de servicios de los pueblos.

Y ahora ¿Qué hacemos?

Ante las pérdidas que seguramente estarán, seguiremos con una vetusta ley del año 1983 (Nro 22913) que fue derogada y sustituida por la Ley 26.509 del año 2009. Esta normativa aporta pocas ayudas y  deja insatisfechos a los perjudicados y muchas veces en manos de la política y la buena voluntad de los gobernantes para llevar alivio a los damnificados, quienes deben realizar complicadas gestiones que demoran la accesibilidad a los beneficios.

Existe un Fondo del Estado originalmente de 500 Millones de pesos, el que se actualiza dependiendo de la voluntad del Gobierno de turno; muchas veces quedando al arbitrio de un funcionario y expuesto a decisiones que están reñidas con una efectiva ayuda a quienes fueron damnificados por las inclemencias climáticas.

A diferencia de otros países productores del mundo que cuidan a sus productores, en la Argentina no existe un sistema de seguro agrícola, y si leyes y regulaciones que pretenden abordar el tema con resultados insuficientes, más aún con situaciones calamitosas como fue la campaña 22/23.

Un aspecto importante de la Ley 26.509 es que crea Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, con el objetivo no solo de mitigar sino también de prevenir los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, biológicos, etc, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales.

Como dice esta Ley, busca fortalecer la resiliencia del sistema agroindustrial, reduciendo la vulnerabilidad y exposición de los productores a riesgos climáticos.
En particular se busca mejorar la gestión de riesgos agropecuarios por parte de beneficiarios e instituciones sectoriales seleccionadas, a través medidas y actividades desarrolladas para reducir y/o impedir la vulnerabilidad y las pérdidas potenciales. Y un tema no menor, hacer prevención y reducción de los niveles de vulnerabilidad ante situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario.

Es así que esta Ley crea el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), cuyo objetivo es financiar la ejecución del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Los recursos del Fondo se conformarán con las partidas que asigne anualmente la ley de presupuesto general para la administración pública nacional, y que originalmente fueran los 500 Millones antes mencionados.  Como así también de préstamos internacionales, como el aprobado en 2018, del Banco Mundial con un financiamiento por 150 millones de dólares que, sumados a otros 37,5 millones que debía poner la Argentina, completaban un monto de 187,5 M U$A, para poner en marcha el denominado Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), al efecto de prevenir y llevar adelante acciones para enfrentar los efectos visibles del cambio climático sobre el agro.

Este Programa contempla tres módulos o componentes.

Uno, es el “Fortalecimiento de los sistemas de información sobre el sistema agroindustrial argentino y su exposición a los riesgos agroclimáticos y de mercado”. De gran importancia para revalorizar nuestros sistemas de producción, ampliamente sustentables no solo en lo socio-económico sino también en lo ambiental. Una producción de carnes agro pastoril con un importante balance positivo de carbono, y una producción de granos con la menor huella de carbono del mundo. Ventajas competitivas de nuestro País a la hora de discutir las relaciones y acuerdos entre países, en las negociaciones de nuestras exportaciones. Y que sin dudas, debemos sustentar esto con información, certificaciones, en las mesas de negociaciones. No basta hacer las cosas bien sino que debemos demostrarlo y defenderlo.  

Por otra parte, acciones de prevención, como llevar adelante acciones en “inversiones para la Mitigación de Riegos” con obras en el interior. Como por Ej, las obras en el Rio Salado, en prevención de inundaciones de la Cuenca del Salado, que hoy los lugareños están reclamando.

Y por último, uno muy importante y de actualidad por lo que antes decía, crear “instrumentos de respuesta a emergencias y transferencias de riesgos agroclimáticos”. En donde estudiar la posibilidad de desarrollar un nuevo sistema de seguros agrícolas que dieran una real respuesta y mantuvieran a flote a los productores que pudieran sufrir alguna desgracia climática, como es en otros países, con seguros agrícolas multirriesgo, que pagan una indemnización a los productores que sufren daños severos en sus campos.

Por otra parte, el Cambio Climático, es un tema no menor y de gran preocupación para la sociedad en su conjunto por los efectos desbastadores del clima (sequias, olas de calor, inundaciones, tsunamis, etc) que viene sufriendo el mundo, principalmente por la acción del hombre en el ambiente.

Hemos visto acciones que muchos países están implementando, y en muchos casos no reconocen nuestras fortalezas como productores de alimentos con sustentabilidad socio-económica y ambiental.

Es cierto lo que sostiene el Gobierno del presidente Javier Milei cuando dice que “estas políticas y exigencias comerciales no deben impedir el desarrollo productivo y económico de nuestro país”, y que también que debemos hacer valer nuestras fortalezas como antes mencionara. Y no caer en las políticas de países que son los principales emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI), poniendo condiciones a nuestro país cuando nuestras emisiones son del 0,7 %, cuando China emite el 33 %, y los EEUU es el segundo emisor GEI en el mundo, con el 13 %.

Cabe decir que tener 10 veces menos emisión que la India, no nos salva de tener políticas de resiliencia y mitigación, como prevé la legislación vigente en nuestro País, con acciones para disminuir los niveles de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y aumentar las reservas de almacenamiento de carbono, y trabajar en revalorizar y fortalecer las acciones que mencionara de nuestros sistemas productivos altamente sustentables ambientalmente.

En resumen, necesitamos políticas que propicien e incentiven la inversión productiva, y también de políticas de prevención y mitigación ante las inclemencias climáticas, atendiendo a las particularidades de nuestros sistemas productivos, fortaleciendo no solo la seguridad alimentaria de la población, sino también la seguridad socio-económica de nuestros productores.