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Yerbatero Delapierre: “Otro paso hacia la desactivación del INYM”

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Yerbatero Delapierre: “Otro paso hacia la desactivación del INYM”

Yerbatero Delapierre: “Otro paso hacia la desactivación del INYM”

Sergio Delapierre, miembro de la Mesa Asesora Yerbatera de Misiones, advirtió en una entrevista con Valor Agro por Radio LT7 que los recientes cambios normativos marcan “otro paso más hacia la desactivación del INYM”, el instituto que regula históricamente el mercado de la yerba mate.

Según Delapierre, aunque el Instituto ya había perdido facultades clave en diciembre de 2023, ahora el Gobierno dejó de intervenir formalmente en la cadena comercial entre oferta y demanda, lo que para él representa una consolidación de la liberación del mercado.

El productor señaló que durante décadas el INYM logró regular el precio, “siempre de la mano de la oferta y la demanda”, pero reconoció que el mecanismo institucional tenía fallas estructurales, como la exigencia de unanimidad para fijar valores: “bastaba el voto de un industrial para hacer caer el acuerdo”.

Delapierre también criticó la influencia política sobre el INYM: aseguró que muchas decisiones respondían a intereses provinciales —especialmente de Misiones— y que esto generaba desconfianza entre los productores.

Para enfrentar esta debilidad institucional, propuso una solución cooperativa: una gerencia de venta única por parte de los productores, que negocie los precios de la hoja verde, limite la producción y actúe como una gran cooperativa. “Se vende solo cuando hay buenos precios”, dijo. “Es difícil, pero no imposible”.

En sus cálculos, el precio actual de la yerba mate es muy bajo: afirmó que con 4.000 pesos por kilo se pueden preparar 20 mates, lo que demuestra —según él— lo barato que resulta para el consumidor final pese al esfuerzo en chacra. Hizo hincapié en la cadena de valor: entre plantación, secado, estacionamiento y distribución pueden pasar uno o dos años.

Para Delapierre, el pequeño productor debería recibir al menos un 10 % del precio final en góndola, un porcentaje mucho más alto que el real. Esa disparidad, sostiene, refleja la desvalorización de su trabajo en un contexto desregulado.

Finalmente, el yerbatero advirtió que la clave para mejorar su situación “la tiene el productor”, siempre que logre unirse bajo una sola estrategia de comercialización. Pero subrayó la dificultad: “cuanto más divisiones internas hay, menos acuerdos se logran”.

Escucha Sergio Delapierre. Mesa Yerbatera

Qué es el INYM

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado para regular el mercado yerbatero, ve reducidas sus facultades tras una reforma normativa impulsada por el Gobierno, que limita su accionar regulador y prioriza la libre competencia.

El INYM fue creado por la Ley 25.564, sancionada el 21 de febrero de 2002, como un ente de derecho público no estatal destinado a promover, fomentar y fortalecer la producción, elaboración, comercialización y consumo de yerba mate. Desde entonces, el instituto desarrolló estadísticas, fiscalización y mecanismos para regular la cadena, incluyendo la fijación de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada.

En diciembre de 2023, mediante el DNU 70/2023, el Gobierno eliminó la facultad del INYM para fijar precios mínimos y controlar superficies de plantación, lo que abrió el mercado a negociaciones libre entre productores e industria.

Luego, mediante el Decreto 812/2025, se modificó el decreto reglamentario del INYM (1240/2002) para prohibir que el instituto dicte normas que “generen distorsiones en los precios, barreras de entrada o restricciones a la libre iniciativa privada”, orientando su función hacia el control de calidad y la promoción. Además, el INYM avanzó en una simplificación normativa: por ejemplo, derogó la Resolución 170/2021 (que limitaba las nuevas plantaciones) tras la abrogación tácita provocada por el DNU 70/2023, según su propia resolución 42/2025.

También, en la resolución 61/2025 el instituto decidió abrogar la exigencia de un certificado de análisis obligatorio para comercializar yerba mate, una medida que había sido instaurada en 2020, lo que refleja una progresiva reconfiguración de sus reglas internas.